De cohecho impropio le acusan, de haber aceptado regalos que le hicieron por ser quien era sin que mediase retribución alguna por su parte. Vamos, por dejarse pelotear, supuestamente. No le acusan de malversación, cohecho propio, fraude, prevaricación, falsedad documental o terrorismo. Y sin embargo, para quienes acusan a Camps, todos los anteriores delitos parecen ser más honorables. Ahí está Chaves en su vicepresidencia, acusado de coger dinero de los andaluces para dárselo a su hija. Ahí está Griñán en su trono andaluz acusado de robar a los parados de la región. Ahí está Alfredo tan campante acusado de hacerle favores a los terroristas. Pero sobre ninguno de sus supuestos delitos han recaído los flashes de las detenciones en directo o el soniquete de las principales cabeceras y telediarios. Escuchas ilegales con SITEL de por medio (otra vez Alfredito el travieso) y todo lo que tenemos es una acusación de haber recibido tres trajes por la cara. Camps debía ser candidato, por supuesto, porque quienes protagonizaron terrorismo de estado y roban a mansalva no pueden aludir a tres trajes para quitarse de en medio a quien les machaca en las urnas. Así lo entiendo yo y unos valencianos dispuestos a otorgarle al PP una victoria histórica. Mientras, la limpieza del PSOE a la que aludía la humorística Elena Valenciano se resume en unas candidaturas brillantes...
Dionisio Muñoz, secretario general del PSOE de Melilla y candidato a la presidencia de la ciudad autónoma. Imputado por un delito electoral por haber estado implicado presuntamente en una trama de compra de votos.
Xico Tarrés, candidato a presidir el Conseejo de Ibiza. Imputado por el cobro de comisiones en el escándalo de Ibiza Centro que salpicó al propio Pepiño.
Pilar Sánchez, alcaldesa de Jerez y candidata a la reelección. Imputada por prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Juan Antonio Millán, alcalde de Cartaya (Huelva), pesa sobre él una doble imputación por prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas con funcionarios y delito contra la ordenación del territorio. Una joya.
Antonio María Marín Lara, alcalde de Ronda y candidato a repetir, tiene nueve procedimientos judiciales abiertos.
Juan Antonio Chamorro, candidato en Ávila, acusado de una infracción contra la ordenación del territorio.
Francisco Muñoz, candidato en Torrox, se enfrenta a una petición del fiscal de cuatro años y medio de prisión y 25 de inhabilitación por prevaricación urbanística y delito contra la ordenación del territorio.
Alejandro Soler, candidato por Elche, supuestamente pagó con dinero público su precampaña.
Elia María Blanco, alcaldesa de Plasencia, imputada por prevaricación y malversación de caudales públicos.
¿Seguimos?
Pero lo más grave no es esto, sino que les parezca más grave recibir como regalo tres trajes sin dar nada a cambio...
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