A desmontar el tinglado

Se calienta el debate en el Consejo Insular de Mallorca al acusar el PSOE al PP de querer 'liquidar la institución' basando su denuncia en el cierre de la Fundación Mallorca Turismo. La nueva presidenta, María Salom, deja la promoción turística de la isla en manos del Gobierno Balear. Mientras tanto, Alemania pide a España que venda sus reservas de oro y privatice empresas públicas antes de pedir dinero a otros. Lo cierto es que el debate está ábierto: la administración necesita una poda con urgencia.

A nivel regional

Son infinidad los organismos, fundaciones y empresas públicas que se solapan prestando servicios por duplicado, y hasta por triplicado, a los mismos ciudadanos. El invento de las autonomías, pensado para acercar la administración a los ciudadanos, ha fracasado rotundamente. No tiene ningún sentido que hasta tres administraciones distintas gestionen los mismos asuntos sobre el mismo grupo de ciudadanos. Antes era solo incoherente, pero en estas circunstancias es infumable e inaceptable. ¿Cuantos organismos públicos existen paralelamente a los gobiernos local, insular o provincial, regional y nacional? La descentralización alocada ha provocado no solo la ruina del país sino el desconcierto del ciudadano que no sabe si sus reclamaciones serán atendidas en la ventanilla del ayuntamiento, del consell, del Govern o del ministerio. Está fuera de toda lógica que en una misma plaza de Palma cohabiten hasta tres instituciones regulando exáctamente los mismos asuntos.

Los consejos insulares, así como las diputaciones provinciales y cabildos, deben efectivamente ser liquidados. Una consejería a nivel regional y los ayuntamientos pueden perfectamente suplirlos, si cabe, con mayor efectividad y agilidad, con menos burocracia, con menos escenarios para el mercadeo político. De eso sabemos un poco en Mallorca tras los años de Munar y Armengol al frente de esa institución. Debe redibujarse el mapa municipal fusionando ayuntamientos. Deben privatizarse empresas municipales y cerrar todo aquel organismo que preste los mismos servicios que un equivalente a nivel estatal, pues en caso de choque entre competencias deberían depositarse estas en una sola institución y no en 17, aunque sea por motivos meramente económicos. Esto incluye por supuesto la eliminación de consejerías y la devolución de competencias al Estado, en particular, de las deficitarias. En contra de lo que recientemente proclama González Pons, mucha gente se plantea la devolución de educación y sanidad junto con justicia, y dadas las circunstancias, cada vez son más. Deben desmantelarse las policías autonómicas y privatizarse todas las televisiones regionales. No se pueden mantener 17 oficinas regionales, más la española, en cada ciudad importante de mundo. En Bruselas, porque es la ciudad en la que vivo, me causa vergüenza comprobar a pesar de que hay hasta tres instituciones representando los intereses de todos los españoles (Representación Permanente (REPER) en Boulevard du Régent 52, Consulado en Rue Ducale, 85-87 y Embajada en Rue de la Science 19) cada comunidad autónoma tiene su propia 'embajada', promoviendo, supuestamente, los intereses de unos ciudadanos suficientemente atendidos por las ya mencionadas oficinas. ¿Por que mantener 17 embajadas regionales cuando podrían estar ubicadas en unos cuantos despachos de la REPER? ¿Cuantas pensiones podrían pagarse con lo que cuesta mantener este tinglado?

A nivel estatal

Debe prevalecer la norma de un solo organismo por competencia. Si cultura se transfiere a las CCAA en base a una mejor gestión del patrimonio local, no tiene sentido mantener un ministerio de cultura que no es otra cosa que una fábrica de subvenciones que deben a su vez ser reducidas a su mínima expresión. De la proyección exterior de la cultura española, en su conjunto, que se ocupe una secretaría de estado en el ministerio de asuntos exteriores. Deben privatizarse empresas públicas, fundaciones y organismos públicos. Debe privatizarse la segunda cadena pública, o directamente cerrarse. Deben desmantelarse instituciones como la Federación Española de Municipios y Provincias. Debe regularse por Ley, desde el Congreso de los Diputados, los sueldos máximos de alcaldes y presidentes regionales en función del número de ciudadanos que gobiernan, así como limitarse las prebendas y privilegios de los representantes (coches oficiales, dietas, dobles salarios, pagas vitalicias...)

Aquí es donde primero se debería haber podado antes de meter la tijera en las pensiones, los salarios de los funcionarios o subiendo los impuestos. Ahora el candidato socialista, Rubalcaba, vuelve a hablar de subir los impuestos... Después ya hablaríamos de vender oro y si aún así no bastara, de recurrir a la solidaridad internacional, pero habiendo hecho todo lo humanamente posible y sin obligar a quienes estan parados, a quienes se asfixian con las constantes subidas de impuestos o a quienes ven sus sueldos y pensiones recortadas, a tener que financiar instituciones opacas, organismos duplicados y ejércitos de políticos legislando sobre las mismas competencias sin ponerse de acuerdo entre ellos y haciéndole la vida más complicada, aún, a los sufridos ciudadanos.