Hace unos días críticaba la falta de coraje y
contundencia que el Gobierno estaba mostrando para hacer frente a la crisis
económica. Las primeras decisiones de ese mismo Gobierno en materia no
económica merecen sin embargo un clamoroso reconocimiento. Alberto Ruiz
Gallardón y Soraya Saénz de Santamaría han revolucionado la política y
encabezado titulares durante lo que llevamos de semana gracias a unas
decisiones tan valientes como largamente esperadas. Las reformas anunciadas en
el ámbito de la Justicia solo pueden molestar a los liberticidas. Son reformas
sin embargo desideologizadas y pegadas al sentir general y al sentido común. A
pesar del berrinche del PSOE y El País (que ayer volvia a incidir en el
componente ideologico-conservador de las reformas) todos los padres, de
izquierdas y de derechas, querrían tener algo que decir en el caso de que su
hija menor de edad decidiese abortar. Todos los ciudadanos, de izquierdas y de
derchas, nos hemos llevado las manos a la cabeza ante casos como el de Marta
del Castillo al comprobar lo barato que sale en este país matar. La cadena
perpetua revisable era una demanda colectiva, ni de derechas ni de izquierdas,
fruto de la indignación social. La despolitización de la Justicia es así mismo
otra demanda social. Bien es cierto que siguiendo sus pulsiones totalitarias,
los dirigentes politicos de izquierdas tienden a confundir la separación de
poderes y aspiran a unificarlos bajo su mando. Ayer mismo el diario de cabecera
de los socialistas comete un lapsus (quiero pensar que se trata de un lapsus)
terriblemente esclarecedor: “De otro
lado, sustraer al Parlamento la elección del Consejo General del Poder Judicial
para atribuírsela a los jueces ha sido una tentación permanente del PP,
acuciado por una derecha judicial que considera que el poder jurisdiccional es
suyo y no del Estado.” Como podeis leer, el diario de PRISA parece excluir al poder judicial del ‘Estado’. El ‘Estado’ solo es
el Parlamento, y donde dicen Parlamento, lean ustedes ‘partidos politicos’.
Que el gobierno de los jueces sea elegido por los propios jueces y no por los partidos supone una merma del poder del ‘Estado’. Ver
para creer. La reforma que introdujo el Partido Socialista en los ochenta
poniendo a los jueces bajo el control de los partidos políticos ha hundido la
imagen de la Justicia en nuestro país. A buen seguro, esta reforma (o
‘contrarreforma’) ayudará a mejorar la valoración que los ciudadanos hagan de
la Justicia y supondrá un esperanzador inicio en la recuperación de las
garantías constitucionales, separación de poderes y regeneración democratica
que el PSOE puso en peligro desde (todas) las instituciones del Estado.
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